Incidencia de las políticas públicas en el índice de desarrollo humano en los pueblos indígenas del estado de Jalisco en el periodo 2001-2015

Abstract

En la actualidad la población indígena en México es parte de la población más pobre y con menos desarrollo humano en el país (CDI-PNUD, 2006; PNUD, 2010), lo que demuestra la poca efectividad de las políticas públicas indígenas para revertir dicha situación. La presente investigación se centra exclusivamente, en el caso de las políticas públicas orientadas hacia los pueblos indígenas en el estado de Jalisco y su incidencia en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)1 en esta población. Desde sus orígenes, México ha sido un país con gran presencia de pueblos indígenas. En la actualidad, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo el principio de autoadscripción se registra la presencia de más de 25 millones de indígenas, de los cuales 7, 382, 785 hablan alguna lengua nativa perteneciente a uno de los 68 pueblos originarios presentes en territorio nacional. Pese al elevado número de población indígena, respecto a la población total de México siguen siendo una minoría y son tratados como tal, lo cual se ve reflejado en altos índices de pobreza y marginalidad, trato desigual ante la ley, rezago educativo, acceso ineficiente a los servicios de salud y en general vulneración de sus derechos individuales y colectivos. Ante este panorama desde 1936 y hasta la fecha se ha intentado dar forma a políticas públicas indigenistas que respondan a las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas dispersos en todo el territorio mexicano. A lo largo de este tiempo, acontecimientos importantes como el levantamiento en armas por parte del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la adopción del Convenio 169 sobre sobre pueblos indígenas y tribales y la reforma constitucional federal sobre derechos y cultura indígena de 2001, han abonado elementos para la creación de programas, proyectos e iniciativas públicas que favorezcan a la población indígena. De manera especial, con la reforma constitucional de 2001, México ratifica su condición de nación pluricultural e instauran una serie de obligaciones por parte de la federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Para cumplir con este mandato y en concordancia con lo establecido en la Constitución general y estatal, en el año 2007 el estado de Jalisco promulga la Ley sobre derechos y el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas. Ley que reconoce la composición pluricultural del estado de Jalisco la cual está sustentada en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Articulo 2, CPEUM) y además establece que el estado y los municipios tienen la obligación de implementar planes, programas y partidas específicas para atender las necesidades de los pueblos indígenas presentes en territorio jalisciense, así como reflexionar sobre formas y procedimientos para que las comunidades2 participen en la elaboración de las mismas (Artículo cuatro, CPEJ). Bajo estas premisas, en Jalisco operan algunos programas para ayudar a la población indígena, que funcionan primordialmente con recursos federales y son administrados en algunos casos por instituciones locales o por sedes de instituciones federales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Salud (SSA). Cabe mencionar que algunos de estos programas como es el caso de Prospera, no son directamente diseñados para la población indígena, sin embargo al ser parte de la población pobre del estado se benefician de acciones que tienen como principal criterio esta condición.