Repercusiones del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) en la Universidad de Guadalajara

Abstract

A nivel global las universidades se han consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo de las naciones al ser organizaciones dedicadas a generar, recrear y transmitir el conocimiento para formar profesionistas que actúan en todos los ámbito de la vida social, cultural, política y económica; de acuerdo con Moreno (2017), los hechos históricos han definido a las universidades como instituciones políticas de la sociedad por su papel en distintos momentos históricos y su interacción con la sociedad. En la medida en que las universidades se fueron consolidando como un bien público y social debido a que en ellas se expresan y actúan grupos sociales con visiones y proyectos distintos, las políticas públicas para educación superior en México se fueron orientando a reforzar su calidad y pertinencia para garantizar los objetivos mismos de su existencia (CRES, 2018). Como analizamos a lo largo de nuestro estudio, en las últimas tres décadas el sistema de educación superior atravesó por profundas dinámicas de cambio relacionadas con los procesos de crecimiento, descentralización y diversificación del sistema ; estas trasformaciones provocaron, aunadas a los vicios e inercias institucionales pre-existentes, la crisis de calidad educativa vivida en la década de los ochenta. La articulación académica, política y administrativa de las universidades fue, entonces, un objetivo fundamental para recuperar la confianza social en ellas. De acuerdo con Rodriguez (2014), a pesar de que el objetivo de la SEP y la ANUIES era el mismo, “mejorar la calidad de la educación superior”, las tensiones y dilemas ante el nuevo contrato social no se hicieron esperar, pues comenzó a señalarse la imperiosa necesidad de coordinar y regular el sistema, poniendo entredicho la tensión entre la autonomía universitaria y la incidencia del Estado en la vida de las instituciones a través de las políticas. Mungaray et. al. (2016) señalan que las estrategias gubernamentales en materia de financiamiento se asentaron en esquemas de evaluación y acreditación del desempeño institucional a través de indicadores, dando indicios a las universidades de lo que debían hacer para obtener recursos extraordinarios y dotando al gobierno de una herramienta para incitar los cambios que consideraban prioritarios.