Análisis del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) en México. Aplicación de la Teoría Difusa

Abstract

Es evidente la insistencia por parte de organismos internacionales de aumentar la generación de conocimiento, así como la incorporación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en los planes y políticas de los gobiernos, con el objetivo de obtener niveles de desarrollo social y económico sostenidos. En México, la rectoría de las políticas públicas para el desarrollo está fuertemente centralizada en el Estado, debido en gran parte, a su tradición estatista y tecnócrata para abordar y solucionar problemas públicos. Este ha sido el caso en el tema de la CTI, ya que su intervención obedece a solventar fallas de mercado y de información asimétrica que no permiten su aumento e impulso en los sectores productivos. En este sentido, el impulso a la CTI se considera una estrategia hacia el crecimiento económico, y por tal motivo, se encuentra en la agenda política del país y en los planes de desarrollo de las entidades federativas. Inscrito en estos planes, el proceso para desarrollar CTI queda bajo la intervención y relación de diversos agentes, que al mismo tiempo, conforman un Sistema. Esta diversidad de agentes y la búsqueda constante de su articulación, hacen que dicho sistema se vuelva complejo de coordinar y desarrollar. Por tal motivo, el gobierno ha implementado políticas de CTI ligadas de forma directa al problema de la productividad y competitividad en los sectores productivos. Un aspecto fundamental de estas políticas que promociona el Gobierno Federal, es el que gira en torno al financiamiento. Uno de los principios en los que se basa este mecanismo, es aumentar las capacidades de capital humano e infraestructura para desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Pero a pesar de los esfuerzos gubernamentales no se ha logrado llegar a la meta de un financiamiento público equivalente al 1% del PIB como lo señala la Ley de Ciencia y Tecnología. Esto conlleva afectaciones relacionadas a la generación de CTI, porque el no poder mantener un ritmo sostenido de inversión, durante periodos de recorte presupuestal o incertidumbre económica, las condiciones previamente adquiridas, así como los procesos de vinculación entre agentes, se pueden ver frenados por la falta de recursos económicos. Durante el trascurso de este documento, quedó claro que el financiamiento debe ir acompañado de capital humano altamente calificado, es decir, no solo contar con una cuantiosa base de individuos, sino que su formación y fortalecimiento les permita aumentar la capacidad de generar ideas para desarrollar CTI y trasmitir conocimiento, sobre todo hacia los sectores productivos. Esto puede convertirse en el largo plazo en un círculo virtuoso, ya que la mejora en la tecnología incrementa la productividad del propio el sector que hace investigación. No obstante, son muy pocas entidades federativas que cuentan con capital humano formado a nivel superior (desde licenciatura hasta doctorado) y con las condiciones necesarias para su fortalecimiento. En términos absolutos, las entidades que sobresalen en este sentido, encabezadas por la CDMX son: Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. En términos de infraestructura, las entidades federativas antes nombradas, cuentan con un número importante de IES tanto públicas y privadas. Con respecto a los CI, los más grandes y de mayor prestigio se encuentran concentrados en la CDMX, o por lo menos la matriz, ya que se han creado algunas sedes fuera de este estado. Esto posibilita a dichas entidades, a contar con mejores condiciones para desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI) y por otro lado, genera grandes diferencias con el resto del país, en el sentido de complicar su avance hacia el desarrollo de CTI para sus regiones. La política de innovación conjunta o abierta que se ha implementado en México, a través de fondos concursables, busca un mayor acercamiento entre agentes y estimular la inversión para acelerar la incorporación de los sectores productivos en los mercados globales mediante la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado. Pese a esta gran intención, la composición del GIDE muestra que existe un “efecto desplazamiento” es decir, el sector privado ha disminuido la inversión en CTI conforme aumenta la del sector público. La explicación a esto último se puede centrar en un par de posibilidades. Por un lado, la poca regularidad en el gasto por parte del sector público y otros sectores causa algún tipo de desincentivo y por eso baja la participación del agente privado en el proceso de generación de IDE. Una segunda causa posible, es el poco efecto que tienen los mecanismos, instrumentos y/o estrategias de política pública para incentivar al sector empresarial a invertir. Esto debilita invariablemente la fórmula público-privado para compartir el riesgo en este tipo de inversión. Ahora bien, si se toma la idea que las empresas necesitan integrarse en términos competitivos a los constantes cambios tecnológicos y económicos a nivel internacional, el requerimiento que gira entorno a la colaboración entre un capital humano con el conocimiento necesario, se debería convertir en uno de sus principales objetivos. Sin embargo, una lectura desde la perspectiva de la teoría cognitiva de la empresa puede ser que una baja en la inversión por parte del sector empresarial en actividades de innovación o creación de recursos como fuente para la innovación, es porque la empresa solo le interesa el conocimiento que genere alto valor, es decir buscan la invención, un proceso en el cual pueden incurrir en el riesgo de dependencia de recursos externos, o el de filtración de información a sus competidores. En un sentido más extremo, se puede decir que la baja de inversión se deba a que algunas empresas subestiman la importancia de los avances en la generación de conocimiento. Un programa derivado de la política abierta e impulsado por el CONACYT es el PEI. Este instrumento muestra que en algunos años de su implementación la inversión del sector privado ha sido menor que la pública. Si consideramos que el conocimiento es una materia prima muy valiosa y que al incorporarla a la producción de bienes y servicios, éstos mejorarán, el esquema de complementariedad planteado en este programa, bajo el supuesto principal de la teoría de la dependencia de los recursos, no logra adecuarse a tal, porque una de las partes asume mayor riesgo durante el complejo proceso de innovación. No cabe duda que el PEI ha beneficiado un buen número de empresas, principalmente pequeñas y grandes empresas. De los proyectos apoyados, la modalidad PROINNOVA ha sido la más recurrente. Empero, la mitad de estos proyectos en vinculación fueron realizados por tan solo diez IES, otro 30% fue en conjunto con también diez CI. Las organizaciones académicas que destacan en la captación de un mayor número de proyectos en conjunto con empresas se encuentra, el ITESM y la UANL, conocidos por sus fuertes lazos con el sector empresarial; la UNAM, el CINVESTAV y el IPN, por su prestigio y concentración de los mejores científicos del país. En cuanto a los CI, el CIATEQ y el CIMAV han fungido como las principales organizaciones que se vinculan con mayor frecuencia por su alta especialidad en desarrollar tecnología. En consecuencia, la implementación del PEI arroja una alta concentración de proyectos apoyados en: Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Un dato adicional que se expuso y que respalda esta centralización de proyectos en conjunto con IES y CI, es el hecho de que en una tercera parte de la república mexicana se desarrollaron el 60.7% de todos los proyectos. Los resultados del análisis mediante la caracterización de los entornos que se pueden considerar necesarios para un mayor impulso de la CTI, expuso de forma general, las entidades que cuentan con las mejores condiciones. Los dos primeros ejes relacionados con el capital humano, la infraestructura para su formación y su fortalecimiento, señalan en ambos índices, que la CDMX, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz, Baja California y Guanajuato son las entidades con entornos que van de lo aceptable a lo favorable. En el tercer eje, con excepción de Puebla y Baja California, son las mismas entidades que tienen un entorno económico aceptable o favorable. Ambos índices ponen a la CDMX, Nuevo León y Jalisco, el difuso agregaría también a Querétaro, como únicas entidades con entornos para llevar a cabo innovación. Lo que si llama la atención es como en veinte entidades, en promedio, carecen de condiciones para que sean considerados en éste entorno. De igual forma sucede con el eje cinco, donde ambos índices coinciden en que Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (el sintético agregaría a Hidalgo y Tlaxcala) son estados que cuentan con un entorno social muy desfavorecido. El número seis, indica que mediante el uso de ambos índices son las mismas entidades de los ejes del uno al tres con mejores entornos, y coinciden en que casi una veintena de entidades tienen niveles muy bajos de apoyo institucional. Para el último eje, gran parte del país tiene alcance a las tecnologías de la información y comunicación, pero si hay una marcada diferencia de uso con entidades como: Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, si tomamos el resultado del índice difuso, mismas entidades que se repiten en las escalas más bajas de los ejes anteriores. El uso de la lógica difusa en el presente trabajo permitió profundizar en el análisis de la caracterización realizada, se pudo observar mediante una técnica diferente un enfoque más apegado a la realidad, en el sentido de la subestimación y sobreestimación de los entornos planteados. Gracias a la construcción de un índice difuso, se facilitó la interacción de las condiciones con las que cuentan las diversas entidades federativas para conformar sus entornos, y a su vez, al contrastarlo con otro instrumento de medición sirvió para validar su uso, ya que compartieron algunas similitudes en un tema tan complejo como el de la CTI. Cabe enfatizar que, el PEI como instrumento de política pública denota la existencia de contadas IES y CI que logran vincularse con el sector empresarial, lo que conlleva a diferencias muy marcadas entre organizaciones. Lo mismo ocurre entre los tamaños de empresas beneficiadas. De tal forma que, los resultados del PEI en suma con el análisis de caracterización, dejan en claro la gran desigualdad que prevalece entre entidades, ya que solo algunas terminan por ofrecer condiciones adecuadas para impulsar la CTI. Con todo lo descrito hasta el momento, quizás tenga sentido replantear si es adecuado el actual modelo de financiamiento a la CTI, soportado en gran medida por el sector público, o si es correcto seguir promoviendo este tipo de incentivos. Lo que si se vuelve una necesidad imperativa, es plantear nuevos mecanismos en materia normativa e institucional para lograr acuerdos y asociaciones firmes entre el sector público y el privado en temas referentes al capital de riesgo, estímulos fiscales u otros, que permitan llevar a cabo objetivos claros y en común, para que la contribución de la CTI sea en pro del desarrollo económico del todo el país y no solo de algunas regiones. El principal objetivo de la política en los estados debería estar enfocado a fomentar los vínculos entre los agentes locales bajo sus propias condiciones, es decir, conocer sus propios alcances. A partir de ello, diseñar programas diferenciadores con respecto a sus entornos e implicaciones en materia de crecimiento económico, bienestar social, productividad y competitividad empresarial. Además, es necesario que sean evaluados sus efectos e impactos en todos sus entornos y que no sean solo objetivos o metas dentro de los términos de referencia o reglas de operación de los programas.