Resolución de infracciones de derechos de autor en materia de comercio mediante el uso de métodos alternos de solución de conflictos en México

Abstract

Los métodos alternos de solución de conflictos (MASC) han adquirido una enorme relevancia y desarrollo alrededor del mundo ya que, en contraposición a las vías judiciales que podemos denominar como tradicionales, tales métodos acercan más, a las partes involucradas en una controversia, a la equidad y la justicia pues sus diferencias se resuelven con un procedimiento no adversarial. Es decir, las soluciones emanan de los propios intereses y conveniencia de las partes en conflicto, por lo que esencialmente prevalece su voluntad (Gorjón et al., 2008, pp 3- 4). Nuestro país no ha sido ajeno al auge internacional de los MASC como instrumentos para alcanzar soluciones más justas y equitativas, adquiriendo bastante empuje a nivel nacional derivado de las reformas de los artículos 17 y 18 Constitucionales -principalmente, iniciadas el 18 de junio de 2008 y continuadas entre los años de 2015 y 2018, de las que se desprende que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, debe privilegiarse la solución del conflicto frente a los formalismos judiciales. Asimismo, que existe la obligación de que las leyes prevean la aplicación de los MASC, haciendo énfasis respecto de la materia penal en donde su aplicación debe ser regulada y supervisada por las autoridades judiciales, privilegiándose la reparación del daño (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). No obstante lo anterior, pareciere que en México se ha relegado el uso de los MASC a un número limitado de materias, como son la familiar, el arbitraje de consumo ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor; el arbitraje financiero ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la conciliación y arbitraje en los servicios médicos (Gorjón et al., 2022); materia penal en lo que atañe a delitos por querella, culposos y patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas; conflictos comunitarios o de vecinos; convenios preventivos de arrendamiento; y muy recientemente, a la materia laboral.